La defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, obtuvo la libertad plena tras enfrentar un proceso penal de más de dos años. La decisión fue emitida por el Tribunal 3.° de Juicio en materia de Terrorismo al presentar el balance definitivo de la causa conocida como «Brazalete Blanco».
La resolución judicial fue confirmada la noche del jueves 1.º de octubre por representantes de la organización Foro Penal a las afueras del Palacio de Justicia. Esta medida no solo benefició a la activista, sino que incluyó la absolución total de Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López, mientras que otros procesados en el mismo expediente recibieron penas condenatorias.
Al término de la audiencia, el fiscal general de la República, Larry Devoe, ratificó que el Ministerio Público solicitó formalmente la absolución de los cuatro ciudadanos. El funcionario explicó que la representación fiscal tomó la decisión tras realizar un análisis objetivo e imparcial de las evidencias debatidas a lo largo del juicio oral y público.
Devoe fundamentó la postura del organismo procesal en el apego a la búsqueda de la verdad y la estricta aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia. Destacó que el rol de la fiscalía es velar por la justicia equitativa cuando las pruebas no sustentan los cargos imputados.
Por su parte, la coordinadora jurídica del Foro Penal en Caracas, Stefanía Migliorini, ofreció detalles técnicos sobre el cierre de la causa judicial y la logística para la salida de los absueltos. El fallo pone fin a uno de los casos con mayor atención mediática en materia de derechos humanos dentro del país.
